20 de Marzo de 2010
Carta enviada al Consejo General del Poder Judicial a propósito de la "Ley Sinde"
AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Excelentísimos señores:
Mi nombre es David Bravo Bueno y soy abogado en ejercicio con despacho profesional en Sevilla. El motivo de la presente es la reciente aprobación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en cuya Disposición Final Primera se prevén determinadas reformas del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
Las reformas propuestas pueden resumirse sucintamente en que mediante las mismas se atribuiría a una comisión del Ministerio de Cultura la potestad de decidir si desde una página web se están vulnerando derechos de propiedad intelectual procediendo, en caso de que así lo consideren, al cierre de la misma o a la retirada del contenido objeto de controversia. En ese procedimiento se reservaría a los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo la función de autorizar el cierre acordado por la Comisión, pero impidiendo que puedan entrar en el fondo del asunto, esto es, impidiendo que supervisen si efectivamente existe la infracción que motiva el cierre. De este modo, el ámbito de las competencias judiciales quedará limitado a analizar, no la pertinencia de la medida acordada, sino si la ejecución de ésta afecta a los derechos fundamentales de libertad de expresión o información.
Aunque puede ser utilizada por cualquiera y para perseguir cualquier tipo de página web si el denunciante considera que lesiona sus derechos, la reforma está pensada para otorgar a la industria de los contenidos una vía administrativa rápida que les permita lograr el cierre de un determinado tipo de página web: las conocidas como páginas webs de enlaces. La actividad de estas webs consiste en la de ofrecer enlaces a archivos que miles de ciudadanos intercambian entre sí utilizando ciertos programas informáticos. Es importante subrayar que estas páginas no tienen más contenido que los enlaces referidos y que carecen de archivo alguno, encontrándose éstos en los discos duros de los ordenadores personales de aquellos usuarios que han decidido compartirlos.
Para entender los motivos que encierra la propuesta incluida en la Ley de Economía Sostenible, es necesario explicar cuál ha sido el resultado de las acciones penales y civiles que desde hace años ejerce la industria de los contenidos contra este tipo de página web.
En el año 2006 se produjo una redada que tuvo como fruto la detención de 15 personas por administrar páginas de enlaces como las que acabo de describir. Todas ellas fueron imputadas por un presunto delito contra la propiedad intelectual (art. 270 CP) y los procedimientos recayeron en diversos juzgados de instrucción repartidos por varias ciudades españolas. Esta operación fue calificada por la entonces Ministra de Cultura, Dª. Carmen Calvo, como una de las más importantes actuaciones en defensa de la propiedad intelectual realizadas durante ese año 2006.
Sin embargo, con las excepciones que se dirán, las resoluciones hasta ahora recaídas en estos casos resolvieron el sobreseimiento de las actuaciones al entenderse por los diversos Juzgados que examinaron cada uno de estos asuntos que la actividad realizada por los imputados era penalmente atípica. Así sucedió en los casos de las páginas webs Sharemula, Tvmix.net, Todotorrente.com, Emule24horas.com, Spanishare.com, Cvcdgo.com, Etmusica.com, Elitemula.com, Indicedonkey.com y Naiadadonkey.com. El denominador común de la argumentación de esas resoluciones es que un enlace es una mera cadena de caracteres alfanuméricos que indica dónde se halla un contenido pero que no lo reproduce ni lo comunica públicamente. Un enlace sería pues un “mero dato fáctico” -por seguir la expresión utilizada por el profesor Garrote y la Audiencia Provincial de Madrid al resolver el caso Sharemula- que por sí mismo no realiza ningún acto de explotación de derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, dado que no existe el elemento objetivo del tipo -reproducción o comunicación pública de la obra- resulta irrelevante analizar si concurre o no ánimo de lucro, puesto que la existencia de éste sin la de aquél deja incompleto el tipo penal.
De este modo, los que realizan los actos de reproducción y/o comunicación pública son los propios usuarios que gratuitamente intercambian esos archivos en las redes P2P y no quien simplemente enlaza a tales archivos desde este tipo de webs. De nada serviría -siguiendo el razonamiento de las resoluciones mencionadas- acudir a la figura de la cooperación necesaria porque la actividad de estos usuarios es atípica penalmente ya que no obtienen rendimiento económico alguno por su actividad. No siendo delito la actividad de los usuarios, en ningún caso podrá existir responsabilidad criminal por cooperación necesaria a los actos de éstos.
Por rigor, merece la pena indicar que pese a esta doctrina reiterada existen dos sentencias condenatorias contra administradores de páginas de este tipo. Sin embargo hay que destacar un aspecto diferenciador de las mismas -además de la mera y obvia diferencia cuantitativa- y es que esas sentencias lo son de conformidad, esto es, son fruto de un acuerdo entre las partes. En esos dos casos (los de las páginas webs SimonFilmsTV e infopsp) los denunciados no adujeron que sus páginas únicamente contenían enlaces ni realizaron argumentación alguna en tal sentido. Es por ello por lo que las sentencias de conformidad dictadas no emiten pronunciamiento alguno sobre la naturaleza jurídica del enlace ni sobre si éstos pueden suponer o no comunicación pública de los archivos a los que remiten. Sin necesidad de hacer grandes argumentaciones al respecto, baste subrayar como conclusión que las pocas veces que a los denunciantes se les ha dado la razón en sus tesis ha sido cuando nadie se las ha discutido. Y a sensu contrario: siempre que se ha sostenido ante el juzgado la defensa de la inocuidad del enlace respecto de las infracciones de derechos de propiedad intelectual y se ha dictado una resolución que pone fin al asunto, ésta lo ha sido de archivo del procedimiento y no de condena.
Ante el fracaso de la vía penal, la entidad de gestión de derechos SGAE ha ejercido acciones civiles contra titulares de este tipo de páginas webs y, hasta el momento, con nulos resultados. Los Juzgados de lo Mercantil que están entendiendo de las demandas interpuestas están decantándose por inadmitir la adopción de las medidas cautelares solicitadas junto con la demanda al entender que no se cumple el requisito de apariencia de buen derecho dado que las páginas demandadas no realizan acto de explotación de derechos de propiedad intelectual alguno. En uno de esos casos (el de las páginas webs Elitemula y Etmusica) el juzgado, que había concedido la adopción del cierre cautelar de la web inaudita parte, decidió revocar su propia decisión tras la oposición de la demandada, que se basó en la imposibilidad de que un enlace pueda infringir derechos de propiedad intelectual al no reproducir ni comunicar públicamente las obras a las que remite.
La única sentencia dictada hasta el momento en vía civil es la recaída en el caso que estudiaba la demanda contra la página de enlaces llamada elrincondejesus.com. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona desestima íntegramente la demanda de SGAE esgrimiendo también la inexistencia de infracción de derechos de propiedad intelectual por carecer la web de contenidos protegidos, más allá de los enlaces que la actora señalaba como objeto del procedimiento.
Llegados a este punto resulta ya fácil explicar por qué sostengo que las reformas incluidas en la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible suponen una burla a nuestro sistema judicial. Esto es así porque la reforma no pretende frenar la proliferación de este tipo de páginas webs con un cambio en las normas del juego que las hagas jurídicamente atacables sino con una sustitución burda y grosera de los árbitros naturales de ese conflicto. De este modo, y a sabiendas de que los jueces están resolviendo que las páginas de enlaces no suponen infracción de derechos de propiedad intelectual, el atajo tomado ha sido el de sustraer a los mismos ese poder de decisión. Teniendo en cuenta el sentido de las resoluciones que estaban adoptando, no parece en absoluto casual que el papel que ahora se les reserva ab initio esté limitado a que no entren a discutir la propia existencia de la infracción ya declarada por la Comisión del Ministerio de Cultura.
Pese a que el ejecutivo no lo dice de forma expresa, en ocasiones algunos de los actores involucrados en este conflicto han puesto negro sobre blanco el motivo del futuro nacimiento de ese órgano administrativo y de las funciones que tendrá atribuídas. El secretario sectorial de Comunicación Social, Cultura y Deporte de UGT, Carlos Ponce, al ser preguntado por la última resolución que manifiesta que las páginas de enlaces no vulneran derechos de propiedad intelectual, mostró su indignación con la misma declarando que confiaba que se aprobara la Ley de Economía Sostenible para "detener las sentencias que puedan atentar contra los derechos de propiedad intelectual". Según informa EFE, a continuación indicó que “de ello” se encargaría “una nueva comisión parlamentaria que se establecería con representantes de la industria y de los consumidores”. El motivo por el que esta declaración me resulta escandalosa no es porque su autor considere que las sentencias que comentamos atentan contra los derechos de propiedad intelectual, una opinión a todas luces errónea desde el punto de vista jurídico pero, en cualquier caso, perfectamente amparada por el derecho de libertad de expresión de quien las profiere. La razón de mi perplejidad y, en cierto modo, preocupación, estriba en que el señor Ponce sugiera que el supuesto atentado a los derechos de propiedad intelectual que encierran esas resoluciones pueda y deba ser combatido, no con el pertinente recurso, sino sencillamente trasladando las competencias decisorias de esos juzgados a un órgano administrativo del que espera y prevé otras resoluciones más acordes a sus intereses u opiniones.
Con mayor claridad incluso, Marisa Castelo, abogada de la industria de los contenidos, ofreció hace unos meses una entrevista online en el periódico ABC donde también puso las cartas sobre la mesa. Tras defender a ultranza la reforma que estamos comentando y, ante la pregunta de si se “ganan muchas demandas por violaciones de propiedad intelectual en internet”, la letrada contesta: “has dado en el clavo” y agregó que “la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta”.
El motivo de ponerles en antecedentes mediante esta carta es el de preguntarles su parecer sobre lo que personalmente considero un despropósito que ataca a pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Mi intención es también que la presente les estimule para que indaguen en los hechos aquí narrados y, tras su verificación, exijan explicaciones a aquellos que pretenden cerrar un determinado tipo de página web apartando del conocimiento de esa materia a los tribunales que estaban resolviendo de forma reiterada en sentido contrario.
Lo anterior se lo comunico a los efectos legales oportunos.
Aprovecho la ocasión para reiterarles mi consideración más distinguida.
13 de Marzo de 2010
Un juez de Barcelona confirma la legalidad del P2P en España
Copio y pego de El Mundo:
"¿Es legal enlazar a sitios de intercambio de archivos P2P? Según el texto, las pruebas periciales indicaban que en Elrincondejesus.com "no se almacenaban ninguno de los archivos cuya referencia se indica".
Es más, el juez considera que el sistema de 'links' o enlaces no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras protegidas, ya que lo único que creó el autor del sitio demandado es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos.
[...]
Pero es que el juez va mucho más allá, al afirmar que "las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet, no vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual".
Cuando una persona descarga un archivo para su uso privado a través de las redes P2P, que son legales, ese mismo acto es perfectamente lícito, razona el juez, siempre que no haga uso lucrativo ni colectivo del mismo una vez obtenida la copia. Pero la mera obtención de la copia es un acto perfectamente legal, insiste".
Enhorabuena al letrado Carlos Sánchez Almeida, al juez por su rigor y a todos nosotros. Los análisis llegarán después de disfrutar de esta sentencia pero me pregunto qué debería hacer una ministra cuando se pone en evidencia que las páginas que ella quiere cerrar con un órgano administrativo creado al efecto son declaradas lícitas por los jueces tanto en vía penal como en vía civil.
9 de Marzo de 2010
La preocupación de Miguel Bosé
"Estoy preocupadísimo por este culto a no pagar nada. Dentro de poco entrarán a robar la comida a los supermercados".
La frase de arriba es de Miguel Bosé en una reciente entrevista a El País. Es una declaración sorprendente pero en absoluto orginal. Ya en 2008 la abogada Marisa Castelo mostró semejante preocupación cuando dijo:
"Es difícil inculcar a un chico que la piratería es un delito cuando a sus padres les parece bien que “se baje pelis” porque así no les pide a ellos dinero. En cualquier caso, espero que el fenómeno se quede sólo en la sustracción no violenta, porque como el modelo siga degenerando veo a la gente asaltando los concesionarios de coches…".
5 de Marzo de 2010
Los jueces insisten: se archivan las actuaciones contra otra página de enlaces a redes P2P
Las actuaciones seguidas contra la página de enlaces a redes P2P indicedonkey fueron archivadas en Marzo de 2008, sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto esa resolución al no haberse practicado la ratificación de una prueba pericial que tenía por objeto estudiar el funcionamiento de la página web. Tras la reciente práctica de esa prueba, y al quedar demostrado con ella que se trata de una página web de enlaces a archivos difundidos en redes P2P, el Juzgado de Instrucción ha decidido volver a archivar las actuaciones en un auto (susceptible de recurso) donde menciona la resolución Sharemula, haciendo así suyas sus argumentaciones. Como recordarán, esa resolución decidía el sobreseimiento libre y firme de las actuaciones seguidas contra los administradores de la web denunciada al considerar que una página de enlaces no realiza un acto de comunicación pública de obras intelectuales por ser el enlace un "mero dato fáctico". Estas páginas, por tanto, no realizan ninguno de los actos de explotación de derechos de propiedad intelectual reconocidos a sus titulares en la LPI, por lo que no pueden tampoco infringirlos.
Resulta paradójico que la que se ha bautizado como "Ley Sinde" sea una propuesta nacida con la declarada intención de cerrar por vía administrativa páginas de enlaces como la que en el día de hoy ha obtenido una resolución de archivo suscrita por un juez. Pese a que ayer se hiciera pública una carta de la Presidencia del Gobierno en la que se justificaba la creación de este órgano administrativo por la necesidad de cerrar páginas que vulneran derechos de propiedad intelectual, parece más que probable que las verdaderas razones se encuentren en resoluciones como las que ahora comentamos.
En el informe 301 del año pasado y del presente, elaborado por importantes multinacionales estadounidenses de la industria del entretenimiento, se reprochaba a España la existencia de la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado así como la resolución del caso Sharemula, a la que ponía como ejemplo de la "frustración" que sufría la industria "con el proceso judicial español"". Con esta resolución en la mano, una más de tantas, nos preguntamos si la propuesta de que en el futuro no sean los jueces quienes decidan sobre estos asuntos es, simple y llanamente, la solución que desde España les ofrecemos a tanta frustración.
Javier de la Cueva y David Bravo, abogados de uno de los imputados en el caso Indicedonkey
28 de Febrero de 2010
4 de marzo de 2010: un día clave para el canon
Copio y pego de la web de Javier de la Cueva:
"Sin hechos, la voz es sólo un poco de aire (Baltasar Gracián)
El próximo 4 de marzo de 2010 se celebrará ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la vista tras la cual el Tribunal europeo tomará la decisión si el llamado "canon digital" de nuestra legislación es contrario a la normativa europea. Caso de ser así, deberá modificarse la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarse a la Directiva europea.
Veamos cómo se ha llegado hasta aquí".
El resto de este interesante artículo en Derecho de Internet.
23 de Febrero de 2010
Respuesta al informe 301 por alusiones al caso Sharemula
Como muchos conocerán, recientemente se ha publicado el llamado informe 301, elaborado por la industria de los contenidos de EEUU y en el que se asegura que España tiene uno de los mayores problemas de piratería de toda Europa. Debido a las alusiones que por segundo año consecutivo realiza este informe respecto de la resolución del caso Sharemula, queremos hacer las siguientes consideraciones:
1.- Para valorar correctamente el informe, hay que conocer que la autora del mismo es la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), que según su página web es una coalición del sector privado, nacida en 1984, cuyos siete miembros son la industria de la propiedad intelectual de los EEUU siguientes: Association of American Publishers (AAP), Business Software Alliance (BSA), Entertainment Software Association (ESA), Independent Film & Television Alliance (IFTA), Motion Picture Association of America (MPAA), National Music Publishers’ Association (NMPA) y la Recording Industry Association of America (RIAA).
No se trata por tanto de un informe gubernamental, sino el de un lobby privado al que pertenecen en nuestro país quienes han perdido ya, definitivamente, cinco casos por vía penal: ajoderse.com, todocaratulas, sharemula.com, tvmix.net y emule24horas.com. En el Informe 301, salvo el de Sharemula, no se citan estos casos firmes, lo que demuestra su falta de rigor y desconocimiento de la real situación de nuestra jurisdicción.
2.- Concretamente en el caso de Sharemula, el Informe 301 erróneamente señala por segundo año consecutivo que las alegaciones de la defensa de este caso fueron las de que no hay actividad comercial directamente conectada con la comunicación de obras objeto de propiedad intelectual. Esto no es cierto ya que lo que no existe en una web de enlaces es comunicación pública y en esta argumentación nos centramos, asumiendo la Audiencia Provincial nuestra tesis de que ni siquiera es necesario analizar el ánimo de lucro. Para que los lectores puedan comprobar esta afirmación, este es el enlace a nuestras alegaciones ya en fecha 13 de noviembre de 2006 (ver punto 2 de las conclusiones) y este enlace al fundamento séptimo de la resolución de la Audiencia Provincial.
3.- Las alusiones despectivas que hace el informe 301 de la resolución Sharemula, a la que considera el mayor ejemplo de la frustración de la industria por “los procesos judiciales en España”, demuestra el poco respeto que tienen de la actividad judicial cuando sus resoluciones no les benefician. Pese a lo que sugiera el informe, que muchos juzgados resolvieran en el mismo sentido de aquella resolución y mencionando a Sharemula como precedente no responde a una inercia mecánica sino a que su desarrollo argumental es jurídicamente impecable y absolutamente coherente con lo dispuesto en nuestras leyes. Por lo tanto, no es la resolución Sharemula la que ha puesto en aprietos a la industria de los contenidos sino que la causa de su fracaso judicial hay que buscarla simple y llanamente en que denunciaron una actividad que no es delictiva.
4.- El Informe 301 vuelve a criticar a nuestra Fiscalía General del Estado. Ya David Bravo en su post del 20 de febrero de 2009, analizando el Informe del año anterior, señalaba:
“El informe dice que esa Circular "despenaliza" el intercambio en redes P2P. Lógicamente no es así. No había nada que despenalizar porque nunca fue delito. Esa circular lo que hace es aclarar la postura de los fiscales de este país y que es que el intercambio en redes P2P no supone la comisión de ilícito penal alguno. No altera la realidad legal (entre otras cosas porque no puede), sino que la describe”.
Cuando el informe 301 exige que esa circular se revoque, lo que está pidiendo es, ni más ni menos, que los fiscales de este país cambien la interpretación que hacen de nuestras leyes locales y pactos internacionales por ser contraria a los intereses de determinadas multinacionales.
5.- El Ministerio Fiscal, en la denostada Circular, lo que realiza es una interpretación de las normas nacionales y de los pactos internacionales firmados por nuestro país. La causa de las resoluciones judiciales absolutorias no ha sido la Circular de la Fiscalía General del Estado sino que los Juzgados y Tribunales, como no podía ser menos, han interpretado nuestra ley y nuestros pactos internacionales de la misma manera que la Fiscalía.
6.- El Informe propone como una de las medidas prioritarias la de establecer o financiar seminarios de formación para los fiscales y jueces civiles y criminales para "incrementar su conocimiento de la propiedad intelectual", lo que en nuestra opinión supone nuevamente un desprecio por la actual capacitación profesional de los jueces. Las razones de este desprecio únicamente pueden buscarse en que el sentido de las decisiones judiciales no satisfacen los intereses de las empresas firmantes del informe 301. Que los jueces determinen que las páginas de enlaces no vulneran la propiedad intelectual debe entenderse que es porque las leyes actualmente vigentes en España así lo consideran y no porque precisen clases de la industria de los contenidos que es, precisamente, la parte perdedora en los procesos judiciales. Las lecciones jurídicas, si creen que necesitan dárselas a los jueces, han de hacerlo en los estrados de los tribunales, no en las aulas.
7.- Por último, el informe, al igual que viene haciendo la industria de los contenidos en España en los últimos meses, celebra ciertas resoluciones de audiencias provinciales que ordenan que determinados asuntos de páginas de enlaces no se archiven y continúen hasta la celebración de juicio. Cuando una parte procesal considera noticiable y digno de fiesta que sus denuncias no se archiven a las primeras de cambio demuestra hasta qué punto sus acciones judiciales están siendo repelidas por los juzgados. Acostumbrados a que sus acciones penales mueran en la primera fase del procedimiento, el mero hecho de conseguir que el juicio al menos se celebre es para la industria un éxito digno de mención. ¿Existe muestra más clara de su fracaso?
Este post se publica conjuntamente en las webs de David Bravo y Javier de la Cueva, abogados de la defensa de Sharemula.com
12 de Febrero de 2010
23 de Enero de 2010
Preguntas más frecuentes sobre la denuncia contra el Estado español por monopolio de las entidades de gestión
Preguntas generales
P. ¿Por qué interponer la denuncia?
R. Porque la Comisión Nacional de Competencia señala que la legislación española pudiera estar contraviniendo la legislación europea en materia de monopolio, monopolio que da lugar a abusos por parte de las entidades de gestión según dicho informe.
P. ¿Para qué voy a interponer la denuncia?
R. Para solicitar a las autoridades de la Unión Europea que analicen la situación legal española en materia de derechos de autor y comprueben si tal y como señala la Comisión Nacional de Competencia nuestra legislación pudiera contravenir la europea.
P. ¿Qué efectos puede tener la denuncia?
R. Puede suponer que la Unión Europea obligue a España a evitar los abusos en materia de propiedad intelectual, cambiando nuestra legislación.
P. ¿Cuánto me va a costar esto?
R. En dinero, te costará el importe del franqueo del correo certificado (2,49 euros). En cosas, el importe de dos folios y de un sobre.
P. ¿Cuánto tiempo voy a invertir en esto?
R. En tiempo invertirás el que tardes en ir a una oficina de correos a presentar la denuncia. Dependerá de lo lejos que esté de tu oficina o domicilio.
P. ¿Tendré que contratar un abogado?
R. No. Se trata de un procedimiento en el que no se necesita estar representado por un abogado.
P. ¿Quién se va a encargar de los sucesivos trámites del procedimiento?
R. Nos vamos a encargar David Bravo y Javier de la Cueva, quienes iremos informando a través de nuestros blogs.
P. ¿Voy a tener que asistir a un juicio?
R. No. Es un procedimiento en el que no hay un juicio al que tengas que asistir. No todas las denuncias por vulneración del Derecho comunitario acaban en juicio puesto que el Estado denunciado suele corregir sus vulneraciones. Si al final existiese uno, éste se celebra ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el denunciante no tiene que asistir.
P. ¿Esto es una denuncia contra el Gobierno?
R. No. Lo que se denuncia es que existe una legislación española que facilita la existencia de unos monopolios prohibidos por la legislación europea.
P. ¿Por qué interponer tantas denuncias? ¿No basta con una?
R. Las denuncias múltiples son un sistema habitual de reivindicación ya previsto por la propia Comisión Europea, que las canaliza acumulándolas todas en un sólo procedimiento. Mediante el sistema de denuncia múltiple se comunica a la Comisión Europea no sólo la existencia de la posible infracción del Estado miembro sino también la preocupación que ésta suscita a los numerosos ciudadanos que se adhieren a la misma.
P. Sólo por curiosidad, ¿cuántas denuncias hay interpuestas a estas horas?
R. No lo podemos saber. Ya nos lo dirá la Comisión Europea cuando comience la siguiente fase del procedimiento que ahora todos hemos abierto con nuestra denuncia. Sí nos consta, sin embargo, que la denuncia ha sido descargada ya más de 20.000 veces.
P. ¿Se va a llevar un registro de denuncias?
R. No, el registro lo llevará la Comisión Europea.
P. ¿Hasta qué fecha puedo interponer la denuncia?
R. Dependerá de la contestación que nos dé la Comisión Europea y lo anunciaremos oportunamente a través de nuestros blogs:
http://derecho-internet.org/
http://filmica.com/david_bravo/
Quién puede interponer la denuncia
P. Tengo menos de 18 años, ¿puedo interponer la denuncia?
R. Podrías interponerla contando con la firma de tu madre, de tu padre o de quien ejerza sobre ti la patria potestad. Pero en ese caso, te recomendamos que esperes a que cumplas la mayoría de edad y luego te adhieras o que les comentes la iniciativa para que ellos interpongan la denuncia.
P. Tengo menos de 18 años pero estoy a punto de cumplirlos. ¿Puedo luego sumarme a la denuncia?
R. Cuando cumplas los 18 años, puedes sumarte entonces a la denuncia. En cuanto tengamos el número de procedimiento, publicaremos un documento para que lo puedas hacer.
P. Vivo fuera de España, ¿puedo interponer la denuncia?
R. Sí. Si vives fuera de España, puedes interponer la denuncia dirigiéndola a la delegación de la Comisión Europea del país donde vivas. Si no existe dicha delegación, puedes enviarla a las direcciones que figuran en las instrucciones de la denuncia.
P. Vivo en España y mi nacionalidad es de un Estado de la Unión Europea. ¿Puedo interponer la denuncia contra el Estado español?
R. Sí, cualquier nacional de un Estado miembro de la Unión Europea puede denunciar a otro Estado, aunque no fuera el suyo.
P. Represento a una empresa, asociación o colectivo. ¿Puedo interponerla en su nombre?
R. Si bien es posible, no es necesario. Puedes interponer la denuncia a título personal.
P. Pertenezco a una empresa, asociación o colectivo. ¿Necesitáis adhesiones a la denuncia?
R. No, pero muchas gracias de antemano por el interés. La denuncia trata de facilitar a los ciudadanos el ejercicio individual de sus derechos, por lo que no se trata de ejercer derechos colectivos, sino de cada uno de nosotros.
Cómo interponer la denuncia
P. ¿Cómo interpongo la denuncia?
R. Descargas la plantilla de la denuncia, la rellenas y la envías por correo certificado. Puedes descargar la denuncia de los siguientes enlaces:
P. ¿Cómo tengo que rellenar la denuncia?
R. En el segundo folio de la denuncia tienes las explicaciones.
P. ¿Puedo interponer la denuncia anónimamente?
R. No. Tienes que poner tus datos, pero puedes solicitar de la Comisión Europea que éstos no se transmitan al Estado español.
P. ¿Hay alguna diferencia entre permitir que el Estado español conozca que le he denunciado o no?
R. No existe ninguna diferencia a nivel legal para que la denuncia tenga mayor o menor éxito el hecho de que la interpongas permitiendo que el Estado español conozca o no tus datos.
P. ¿Puedo enviar la denuncia desde la web correos.es?
R. Sí puedes, pero el problema es que no conservas la copia sellada de tu copia de la denuncia. El sistema más seguro es el de su presentación por correo certificado en una oficina de Correos.
P. ¿Tengo que enviaros el recibo de haber presentado la denuncia?
R. No. No es necesario, basta con que lo guardes y conserves tú. De todas maneras, hay personas que están publicando en sus blogs una copia escaneada de la misma o del impreso de Correos. Incluso se ha propuesto confeccionar un mural.
Cómo es el procedimiento después de interponer la denuncia
P. ¿Cuáles son los primeros trámites después de presentar una denuncia?
R. A todos los que hemos presentado la denuncia nos llegarán dos primeras notificaciones de la Comisión Europea:
1.Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, la Comisión acusará recibo de la misma al denunciante.
2.Además, al tratarse de una denuncia por vulneración del Derecho comunitario, en el plazo de un mes desde el envío del primer acuse de recibo, la Comisión enviará otra comunicación indicando el número de expediente que le ha correspondido.
P. ¿Cómo es el procedimiento posterior?
R. Se inicia el procedimiento previsto por la normativa comunitaria y que básicamente consiste en lo siguiente:
1. Si la Comisión Europea considera que se pudiera estar vulnerando el Derecho comunitario, enviará al Estado español una carta de emplazamiento para que éste haga sus alegaciones.
2. Ante la contestación que la Comisión reciba del Estado o si esta contestación no existe, la Comisión podrá emitir un dictamen que remitirá al Estado, proponiéndole las rectificaciones necesarias.
3. Si el Estado no se compromete a corregir las infracciones, la Comisión Europea podrá acudir ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que éste decida si existe infracción.
P. ¿Cuánto puede durar este procedimiento?
R. Depende de los trámites de investigación y prioridades de la Comisión Europea, y de si el Estado presuntamente infractor corrige los defectos de su legislación.
P. ¿Conseguiremos algo interponiendo la denuncia?
R. Esta pregunta está mal planteada. Desde el momento en que se interpone la denuncia, ya has conseguido lo más importante: no te has quedado quieto y has luchado por tus derechos mediante un procedimiento legal.
P. Ya, pero, ¿se cambiará la legislación española?
R. Eso deseamos y para eso luchamos.
P. ¿Se plantearán nuevas acciones legales distintas a ésta?
R. Todas las que sean oportunas y necesarias. Llevamos años haciéndolo y es nuestro sistema de trabajo.
Tengo una pregunta que no está respondida
En ese caso, plantéala en twitter con el hashtag #cnc o en este grupo de facebook.
Nos perdonarás que no te contestemos directamente, pero la añadiremos a este documento para que así todos puedan beneficiarse de tu pregunta y de la respuesta.
20 de Enero de 2010
Denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión
“El que sabe no habla, el que habla no sabe”
Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.
El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española "la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio".
Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.
La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.
Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.
El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?
El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.
El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:
"La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir".
Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.
Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.
David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.
18 de Enero de 2010
Liberando la oposición a la entrega de disco duro solicitada por SGAE
Continuando con la liberación de los documentos que hemos utilizado David Bravo y Javier de la Cueva en la defensa de las webs de enlaces a archivos en redes p2p, hoy ofrecemos la plantilla de la oposición a la medida de aseguramiento de prueba consistente en el depósito de disco duro en el Juzgado.
Junto con sus demandas, cuya plantilla de contestación liberamos en un anterior artículo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) suele solicitar una medida de aseguramiento de prueba consistente en la entrega del disco duro desde el que se administra la web del demandado. La justificación de tal pretensión se halla, a juicio de esta entidad, en que es en ese soporte donde figuran los datos de las descargas realizadas desde la web de enlaces objeto del procedimiento, siendo éstos de “vital importancia” para determinar la cuantía de la indemnización que se reclama al demandado.
En todos los casos que se nos han planteado hasta el momento, la práctica de esa medida de aseguramiento de prueba ha sido aceptada por el juzgado sin audiencia del demandado, en la creencia por parte del Juez de que, efectivamente, los datos sobre descargas realizadas desde una web de enlaces se hallarían, como asegura la demandante, en el disco duro personal de quien la administra. No obstante, en ninguno de esos casos la medida llegó a practicarse una vez explicado al Juzgado el error que motivó la petición de la demandante.
La posibilidad procesal que tiene el demandado para defenderse de esta solicitud es la de formular, por la vía del art. 298.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el plazo de 20 días desde la notificación de la providencia que la acordó inaudita parte (esto es, sin presencia del demandado) su oposición a la medida. Tras la presentación del escrito de oposición, ha de celebrarse la correspondiente vista en la que se decidirá sobre lo solicitado en el mismo.
Como única indicación a tal respecto, hemos de advertir sobre la posibilidad de que de contrario se vierta el argumento de que en el disco duro del demandado puedan hallarse otros elementos probatorios de interés para la demandante, aunque no sean los datos que motivaron la aceptación de la medida. Resulta obvio que, en tales casos, habrá que recordar a la actora y al Juzgado que la medida se acordó para extraer un elemento probatorio muy concreto y determinado, que es el del número de descargas y para calcular la indemnización, sin ser posible sustituirlo sobre la marcha por cualquier otro elemento que, de paso, pueda llegar a encontrarse en el disco duro personal del demandado. En uno de nuestros casos, llegó a sostenerse que la práctica de la prueba era igualmente interesante, se hallen o no los datos pretendidos, porque quizás podían encontrar en el disco duro del demandado el programa “Photoshop”, lo que sería indicativo, a juicio de la actora, de que el demandado edita carátulas de discos.
Junto con su escrito de demanda, SGAE solicita también en todos los casos el cierre cautelar de la web de enlaces objeto del procedimiento y en sucesivas entregas liberaremos las plantillas de la nota para la vista que utilizamos cuando la web se halla abierta y de la oposición al cierre cuando la medida cautelar se hubiera ya tomado inaudita parte, lo que finalizaría la liberación de todos los escritos necesarios para la defensa en vía civil de webs de enlaces, antes de ofrecer en favor de nuestros compañeros y sus clientes los escritos que hemos utilizado en la vía penal.
Javier de la Cueva y David Bravo, abogados.
14 de Enero de 2010
11 de Enero de 2010
Liberando la contestación a la demanda de SGAE contra webs de enlaces
Ya es públicamente conocido el texto del anteproyecto que se remitirá al Congreso de los Diputados para intentar cerrar, entre otras, las web de enlaces a archivos en redes p2p. Es un texto de baja calidad técnica y que si bien aparentemente sólo se centra en los prestadores de servicios de la sociedad de la información, deja demasiados interrogantes interpretativos para poder afirmar con certeza que no pueda ser utilizada contra cualquier tipo de página web, sea o no lucrativa.
En el necesario debate sobre la propiedad intelectual, frente a iniciativas de Canadá o el Reino Unido que han propugnado un sistema de discusión abierta, habilitando webs específicas para el debate público, nuestro Gobierno está mostrando un comportamiento reprochable no sólo democrática sino jurídicamente.
Democráticamente, mediante técnicas de ocultación, de alarmismo falso (no podemos ser el país más pirata cuando según la OCDE España ocupa la posición 83 de 134) y de confusión entre el bien común y el provecho particular.
Jurídicamente, por cuanto que el texto aprobado otorga a una Comisión del Ministerio de Cultura la facultad de resolver según su criterio si desde una página web se está vulnerando un derecho de propiedad intelectual y decidir la medida de cierre de la web o la retirada del contenido controvertido e incluso de ejecutar la misma.
La figura del juez se reserva únicamente para autorizar la ejecución de la resolución de cierre que le llega ya adoptada por la Comisión, pero no en función de si los motivos por los que ésta se acuerda son o no acertados -esto es, no en función de si existe realmente causa para ese cierre, cuestión donde no podrá entrar el juez- sino en función de si la ejecución de la medida acordada por la Comisión puede suponer además la vulneración de determinados derechos fundamentales.
A modo de ejemplo, y a fin de que pueda entenderse bien la diferencia cualitativa entre autorizar la ejecución de cierre en función de los criterios explicados y adoptarla, bien podría suceder que el juzgado no estuviera de acuerdo con las razones jurídicas que se invocan para resolver el cierre pero, incluso en ese caso, se vería obligado a autorizarlo si considera que el cese de esa actividad -que él, al contrario que la Comisión, considera no infractora- no significa la vulneración de determinados derechos fundamentales.
A los jueces se les quita la potestad de decidir quién infringe la propiedad intelectual en Internet: esa potestad se la reserva ab initio el Ministerio de Cultura. Se difumina una vez más el logro que supuso la separación de poderes. La puerta que se abre con una estrategia de control político tan abyecta como ésta es sumamente peligrosa y permite, en la práctica, que el Ejecutivo pueda arrebatar determinados ámbitos de litigio a los tribunales si sus sentencias no son del gusto de quien gobierna.
La trayectoria del Gobierno en este tema es oscurantista: no entrega datos sobre propiedad intelectual que puedan cotejarse públicamente, no ejerce el control sobre las Entidades de Gestión, cuando anuncia la Ley de Economía Sostenible olvida mencionar la reforma de la LPI, que es filtrado a un periódico y no desde luego por los ciudadanos.
Frente a este oscurantismo, entendemos como obligación de la función social de la abogacía, tanto David Bravo como Javier de la Cueva, liberar la plantilla de la contestación a la demanda de la SGAE contra webs de enlaces a redes p2p, donde explicamos por qué no existe una vulneración de la propiedad intelectual.
Posteriormente iremos publicando el resto de los textos. Nuestra intención es que sean libremente utilizables por nuestros compañeros en defensas análogas, así como señalar ya, para la pertinente discusión parlamentaria y en los futuros procedimientos ante la Comisión, las razones por las que en el enlace existe una imposibilidad física de vulneración de propiedad intelectual.
Javier de la Cueva y David Bravo, abogados.
4 de Enero de 2010
La reforma inconstitucional se viste de seda pero inconstitucional se queda
Aviso: Tras leer algunos comentarios en menéame sobre el titulo de esta noticia y que hablaba de reforma "totalitaria", palabra que entienden ha de ser reservada para dictaduras puras y duras, cambio el título para no herir sensibilidades y, fundamentalmente, para intentar que se lea el contenido del artículo, que se refiere a actitudes totalitarias y no a un Estado totalitario.
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Leo en El País un artículo donde se explica el procedimiento que se seguirá para el bloqueo por parte del Ministerio de Cultura de páginas webs. Dado que no tengo el texto ni sé si éste ya existe, limitaré mi análisis a la descripción que se hace del procedimiento en esa noticia.
Para empezar debo decir que lo que dice el titular de la noticia es simple y llanamente opuesto a lo que explica el cuerpo de la misma. El titular asegura que "Las webs de descargas se podrán cerrar en un mes con orden judicial". Sin embargo, el desarrollo de ese titular desmiente la anterior afirmación explicando el procedimiento del siguiente modo: "Para pedir la cesación de la actividad es preciso una autorización judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental".
Si esto es así, es evidente que entonces la web no se cierra con orden judicial, puesto que en el ámbito de decisión del juez no se incluirá la facultad de acordar si ésta se cierra o no por cometer determinadas infracciones de propiedad intelectual, sino que se limitará a dirimir si la web está ejerciendo ciertos derechos fundamentales que podrían verse afectados en el procedimiento. Dado que la noticia también dice que la criticada disposición del Anteproyecto no se modificará y que ésta intervención judicial es una especie de garantía extra que se incluirá en un reglamento posterior, es claro que sigue siendo la comisión del Ministerio de Cultura la que tiene facultades para cerrar la página web. Es decir, por lo que explica la noticia, el procedimiento sería algo como esto: Si un juez entiende, por ejemplo, que las webs de enlaces no suponen un ejercicio de un derecho de libertad de expresión o información -lo que es fácil que suceda y que es radicalmente distinto a determinar que la web sea ilícita- el asunto quedaría en manos de la comisión del Ministerio de Cultura que será quien decida si esta web infringe derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, si debe o no cerrarse según su propio criterio.
Acto seguido a explicar el procedimiento, la propia noticia, pese a no ser un artículo de opinión, lo bendice explicando su razón de ser, que es la de dar "una mayor rapidez al proceso" ya que "de seguir el cauce judicial ordinario resultaría ineficaz, al haberse producido el daño ya, puesto que la sentencia llegaría posteriormente".
Evidentemente esta justificación que da la noticia es falsa sin más. Con nuestras leyes actuales no es necesario esperar a sentencia para evitar los supuestos daños que se derivan de una infracción. Como es conocido por muchos y no sólo los juristas, existe el procedimiento de medidas cautelares que pueden solicitarse al juez. Estas medidas pueden ser además especialmente rápidas. En determinados supuestos de urgencia pueden pedirse del siguiente modo:
1.- Si bien la norma general es pedir la medida cautelar -en este caso de cierre de una página web- junto con la demanda, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé también la posibilidad de pedirla incluso antes de interponer la demanda.
2.- Además de lo anterior, y para hacer el procedimiento aún más rápido, puede pedirse que las medidas se adopten incluso sin oír al demandado. Y no sólo eso, el Auto que acuerde la medida de cese es irrecurrible para el demandado, quien únicamente podrá promover un trámite específico de oposición ante el mismo tribunal que acordó el cese de la actividad.
No sólo el cauce que dicen que se necesita ya existe y con jueces incluidos, sino que es de hecho el que está siguiendo la industria desde hace años para perseguir la actividad de las páginas de enlaces.
Os pongo un ejemplo real de puesta en práctica de algunas de estas facultades para acelerar plazos para la obtención de medidas cautelares. SGAE presenta una demanda el 20 de Enero de 2009 contra las página webs de enlaces Etmusica.com y Elitemula.com pidiendo el cierre cautelar de las mismas sin audiencia del demandado. El 12 de Marzo de ese mismo año, esto es, menos de dos meses después de la solicitud, el juez acuerda el cierre de la web (auto que después revocó ordenando su reapertura tras la oposición del demandado).
Si hacemos cuentas veremos que el procedimiento descrito en la noticia no será más rápido que el de este ejemplo. Por lo tanto, la diferencia que introduce el nuevo procedimiento que se pretende no afecta a la necesidad de crear un cauce rápido -porque ese ya lo tenemos- la novedad real es que en ese procedimiento rápido el que decide el cierre no será un juez sino una comisión del Ministerio de Cultura.
Hablando sólo por mi experiencia, os haré un resumen de los casos en los que he visto que la industria ha pedido medidas cautelares utilizando algunas de las facultades previstas para reducir los plazos:
1.- Caso Sharemula. Vía penal. SGAE, Microsoft y otras piden al Juzgado el cierre cautelar de la web sin audiencia previa del denunciado. El juez acuerda que se oiga al denunciado y, tras hacerlo, resuelve que no se cierre la página web. Poco después dicta el sobreseimiento libre de la misma.
2.- Caso indiceweb.com. Vía civil. SGAE pide al Juzgado el cierre cautelar de la web sin audiencia previa del demandado. El juez acuerda que se oiga al demandado y, tras hacerlo, resuelve que no se cierre la página web por entender que no había apariencia de buen derecho en los fundamentos de la demanda. Desde el día en que la solicitud de cierre entró en el juzgado hasta que el juez resolvió denegarlo pasaron apenas dos meses.
3.- Caso agujero.com. Vía civil. SGAE pide al Juzgado el cierre cautelar de la web sin audiencia previa del demandado. El juez acuerda que se oiga al demandado y, tras hacerlo, resuelve que no se cierre la página web por entender que no había apariencia de buen derecho en los fundamentos de la demanda. Desde el día en que la solicitud de cierre entró en el juzgado hasta que el juez resolvió denegarlo pasaron apenas dos meses.
4.- Caso etmusica.com. Vía civil. SGAE pide al Juzgado el cierre cautelar de la web sin audiencia previa del demandado. Menos de dos meses después el juez acuerda el cierre de la web sin dar audiencia al demandado. Tras la oposición de éste, el Juzgado le da audiencia y decide la reapertura de la web con condena en costas a SGAE e imponiéndole además una multa por mala fe procesal en su solicitud de cierre.
Estos son todos los casos en los que yo he visto que los denunciantes o demandantes han intentado cerrar una web del modo acelarado que prevé la ley. Teniendo esto en cuenta, es fácil para mí especular sobre dónde radican los verdaderos motivos de la reforma que se plantea y que, desde luego, no están en una cuestión de plazos, porque ésta se encuentra ya resuelta con los medios actuales. Para saber qué se pretende solucionar con la reforma legal no hay más que analizar dónde está el problema de la industria que la promueve, y éste no se encuentra en que sus solicitudes de cierre se resuelven tarde, sino que se resuelven en su contra. O dicho de otro modo: si aceptamos que las reformas legales pretenden sustituir lo que no funciona por algo mejor, es evidente que con esta propuesta lo que se nos está diciendo desde el gobierno es que en los casos de páginas de enlaces lo que no funcionan son los jueces.
Como ya escribí en una anterior entrada, esta situación mediante la que el poder ejecutivo sustrae determinados ámbitos de decisión al judicial, ya ha sido perfectamente descrita por la sociología jurídica. Boaventura de Sousa Santos, en su libro "Socilogía jurídica crítica" (página 114) dice: "Los intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial suceden por razones semejantes y recurriendo a medios similares: transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo".
13 de Diciembre de 2009
La cita del día
"Los intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial suceden por razones semejantes y recurriendo a medios similares: transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo".
"Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho" (Editorial Trotta, página 114), de Boaventura de Sousa Santos.
El inesperado argumento de la Coalición de Creadores: las resoluciones de páginas de enlaces no existen
Hoy han emitido en Punto Radio un debate que he tenido con el presidente de la Coalición de "Creadores". De todo lo que podía haber dicho, hay algo que yo no preveía y es, simple y llanamente, negar que sea cierta la existencia de las resoluciones que deciden archivar los asuntos por inexistencia de delito en los casos seguidos contra páginas de enlaces. Reconozco que ese argumento no me lo esperaba y lo considero contrario a las más elementales normas de juego limpio que rigen cualquier debate público.
Tal y como he prometido en el programa (que puedes oír aquí) cuelgo aquí los enlaces a esas resoluciones a fin de que cualquiera pueda examinarlas y comprobar que:
1.- Existen
2.- Al contrario de lo que sugiere el señor Navarro no se trata de excepcionales y marginales resoluciones que dejan libre a un delincuente por fallos del procedimiento.
Por cierto, me inquieta mucho el final, en el que dice Joan Navarro que seguirán denunciando y encontrándome a mí en los juicios "defendiendo a los internautas" y ellos a los "creadores de este país" -los intermediarios se llaman ahora así-, lo que suelta como un argumento con el que parece querer poner de manifiesto la supuesta diferencia cualitativa entre uno y otro grupo.
